Madre de joven asesinado por el CICPC en Carúpano exige justicia al fiscal general

Ramírez precisó que a su hijo le dispararon sin opción a nada y aclaró que no era un delincuente

Tras el asesinato de Daniel Alejandro Lezama Ramírez de 20 años de edad en la ciudad de Carúpano, municipio Bermúdez del estado Sucre, el pasado 7 de abril, en manos de funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Penales y Criminalísticas, Alcides Magallanes, director institucional de la Fundación de Derechos Humanos de Anzoátegui con extensión en Sucre, Monagas y Nueva Esparta exigió que sea investigado este hecho que enluta a una familia venezolana, y que también evidencian el atropello policial hacia los ciudadanos y la vulneración del derecho a la vida por parte de los organismos del Estado.

Respecto a este caso, Anairys Ramírez, madre de Daniel, denunció a la ONG que su hijo fue víctima de una injusticia y que no murió en un enfrentamiento como los efectivos intentaron hacer creer. Asimismo manifestó que él era un muchacho sano que trabajaba para la alcaldía del municipio Andrés Eloy Blanco, lugar en el que residía, y que no usaba ni tenía armas.

«¿En qué cabeza cabe que él iba a entrar a un lugar a enfrentarse sin ninguna arma con seis funcionarios armados? Ahora nos sorprende que según la Fiscalía son cinco, queremos que todos los involucrados sean investigados», enfatizó. Ramírez precisó que aunque no le han permitido ver el video en el que se presencia lo ocurrido, está segura que su hijo no es un delincuente. Por lo que exige al fiscal General de la República, Tarek William Saab que el caso no quede impune y solicita a los tribunales de justicia que ahora conocen de la causa, que los sentencien con todo el peso de la ley, pues no fue un enfrentamiento sino una ejecución extrajudicial.

«Yo sé que no me lo van a devolver pero sí exijo justicia. Esto no puede pasar desapercibido. No es la manera de actuar de un cuerpo de seguridad, no le dieron opción a nada», comentó.

Pronunciamiento del fiscal

La noche de este domingo el fiscal Tarek William informó el 9 de abril, que los cinco funcionarios involucrados fueron presentados e imputados por los delitos de homicidio calificado con alevosía y motivos fútiles, uso indebido de arma orgánica y simulación de hecho posible y que a solicitud del fiscal fue acordada por el tribunal de la causa: medida privativa de libertad. Esto “en razón de que estos funcionarios ejecutaron en un restaurant de dicha entidad al hoy occiso Daniel Alejandro Lezama Ramírez”.

En cuanto a esto, el especialista en derechos humanos y abogado, Magallanes, informó que el caso ya fue denunciado antes los organismos nacionales y agregó que todos los detalles sobre este hecho ya son de conocimiento en la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Caracas.

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