Informe sobre la situación del Derecho a la Vida y el Derecho a la Libertad Personal en el estado Anzoátegui.

Periodo: enero-junio 2019

ÍNDICE

Prefacio (Breve reseña histórica de la Fundación)…………………………..……………
Pensamiento………………………………………………………………………………………………..
Introducción…………………………………………………………………………………
El Problema
Planteamiento del Problema……………………………………………………………………………..
Capítulo I
MarcoJurídico……………………………………………………………………….
Capítulo II
Aspectos Conceptuales………………………………………………………………
Capítulo III
Marco Metodológico………………………………………………………………..
Capítulo IV
Análisis Matricial……………………………………………………………………
Capítulo V
Trabajo con los familiares de víctimas de presunta ejecuciones extra judiciales.
Capítulo VI
Conclusiones, Recomendaciones y Exigencias a los Poderes Públicos del estado Anzoátegui…………………………………………………………………………….
Anexos (Testimonios)………………………………………………………………………………………………..

 

 

“Privar a las personas de sus derechos humanos es poner en tela de juicio su propia humanidad”
Nelson Mandela: Activista sudafricano de los derechos civiles

 

 

Prefacio(Breve Reseña Histórica de la Fundación)

La FUNDACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS- ANZOÁTEGUI, tuvo sus orígenes en la ciudad de Barcelona, capital del estado Anzoátegui, Venezuela, un 15 de agosto del año 1992, cuando se creó inicialmente un comité de defensas de los derechos humanos.
Al año siguiente se cambió a nombre DE COMITÉ POR FUNDACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS-ANZOÁTEGUI, cuyo documento constitutivo se protocolizó en Registró Publico de Barcelona el 18 de junio del año 1993, siendo su objetivo principal, según consta en sus estatutos y en su dinámica programática, la Promoción, Defensa y Educación de los derechos fundamentales de los habitantes de nuestra entidad federal.

En su gestión y en el marco de nuestras competencias, la FUNDACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS (A la que llamaremos abreviadamente de aquí en adelante FDDHHANZ), ha enfocado su trabajo en las siguientes áreas:

1.-La problemática penitenciaria mediante la asesoría jurídica a núcleos familiares que tienen personas detenidas en condición de cumplimiento de sentencia judicial, así como también los que están siendo procesados penalmente. Este trabajo básicamente se concretó mediante la implementación de una encuesta de carácter socio-jurídica que permitió conocer, el estatus jurídico del interno, su situación socio-económica y condiciones de reclusión, además de constituir este objetivo, un comité de familiares de los internos del Centro Penitenciarios de Barcelona.

2.-La lucha contra los atropellos policiales y militares. Durante esta gestión se constituyó igualmente el comité de familiares de víctimas sometidas a toda tipología de abusos y atropellos policiales y militares, con el propósito de hacer seguimiento y control en las actuaciones de la Fiscalía del Ministerio Público y los Tribunales con jurisdicción penal, a fin de evitar los mecanismos de impunidad que se establecen a la hora de procesar a funcionarios (as) encargados de hacer cumplir la ley, y terminan paradójicamente violentando la justicia y el ordenamiento jurídico y habida cuenta que no existe en derecho si no hay medidas que lo aseguren.

3.-De igual manera se constituyó el comité de jubilados y pensionados adscritos al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) para agrupar y organizar a las personas de Tercera edad , con el fin de garantizar su acceso a este subsistema de seguridad social para el disfrute de una pensión justa y sustentable.

4.-En relación a los derechos ambientales, La FDDHHANZ, ha propuesto como iniciativa luchar para rescatar el rio Neverí, principal afluente de agua potable del estado Anzoátegui, el cual ha permanecido durante mucho tiempo contaminado como consecuencia del vertido de desechos industriales y de aguas servidas, residenciales directamente en sus cauces naturales.

5.-. Vale la pena destacar, que a partir de 1996, se comenzó un trabajo planificado de educación y promoción de los derechos humanos, que todavía sigue vigente, mediante la realización de talleres de derechos humanos (DDHH) para distintas comunidades en la
entidad federal, incluyendo cine-foro, seminarios, conferencias, con la participación activa de especialistas en la materia en simbiosis con representantes comunitarios.

6.-Se han establecido importantes contratos con grupos e instituciones proclives a la defensa de los derechos humanos. En este sentido, mediante el aporte de la embajada de Holanda en Venezuela, la FDDHHANZ publicó en el año 1997 dos folletos de educación en materia de derechos humanos y su pertinencia en el marco de la vialidad democrática, con la autoría de NoelAzócar, Alcides Magallanes y Hugo Argotti.

7.-Asimismo con el apoyo de la embajada de Dinamarca en Venezuela, comienza a ejecutarse el proyecto de asesoría jurídica a los campesinos de los municipios SimónBolívar y Juan Antonio Sotillo, cuyo propósito radica en la orientación hacia la defensa de sus derechos a la posesión y propiedad de las tierras cultivadas por ellos.

8.-LA FDDDHHANZ, también ha orientado su desempeño a la formación en derechos humanos de los funcionarios policiales de los distintos cuerpos de seguridad del estado.

Esto con la intención de crear conciencia sobre el respeto a los derechos humanos y disminuir la mala praxis policial en todos aquellos escenarios extralegales que se contraponen a la vida, a la libertad y otros derechos civiles de la ciudadanía, menoscabando por condición social o discriminando por orientación política.

Introducción

El presente informe resume sistemáticamente los resultados obtenidos por el observatorio sobre presuntas ejecuciones extrajudiciales y detenciones Arbitrarias bajo la implicación de organismos policiales y de seguridad en general, durante el periodo comprendido entre enero y junio del año 2019, en la jurisdicción del estado Anzoátegui. Partiendo de esta evaluación se puede observar en primera instancia que estos resultados son motivo de preocupación toda vez que en el periodo en estudio se presentaron 160 casos de supuestas ejecuciones extrajudiciales.

 

En este sentido la interpretación y análisis matricial sobre ejecuciones extrajudiciales y detenciones arbitrarias examinadas nos permite afirmar que el Estado venezolano ha fallado y sigue fallando en el cabal cumplimiento de las obligaciones que emanan de los convenios internacionales, preceptos constitucionales y acuerdos legales de nuestro país. Se perciben debilidades y omisiones en el cumplimiento de las obligaciones policiales de resultados (operativos y actuaciones), donde de forma recurrente se presenta por acción u omisión hechos irregulares vinculados a muertes arbitrarias, detenciones injustificadas, simulación de hechos punibles, tratos crueles inhumanos y degradantes, y toda una gama de modalidades atentatorias contra la libertad, la integridad y la vida de las personas.

 

Es pertinente aclarar, en el caso específico del estado Anzoátegui, el problema de la violación del derecho a la vida, debe ser visto y abordado siguiendo una doble perspectiva que incorpore las dos grandes visiones que hemos encontrados en la revisión teórica sobre el tema y sus implicaciones legales.

 

En primer lugar, por el carácter de indivisibilidad e integralidad de los derechos humanos como principio rector de cualquier planificación de políticas públicas, enfocadas en el marco de la legalidad y extendidas tanto a los dominios de los derechos civiles y políticos (DCP) como a los derechos económicos,  sociales y culturales (DESC).

 

Como es lógico suponer de este planteamiento se desprende, que todos los derechos mencionados anteriormente son derechos justiciables y universales, reconocidos en acuerdos y tratados internacionales, que poseen en la práctica la misma jerarquía e importancia para la realización de la dignidad humana. Sobre el particular, la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en la Declaración de la Conferencia Mundial de Derechos Humanos, celebrada en Vietnam, 1993, artículo 1, establece que: “Todos los derechos humanos son universales, indivisibles e interdependientes y están relacionados entre sí. La comunidad internacional debe tratar los derechos humanos en general de manera justa y equitativa, en pie de igualdad y dándole a todos el mismo énfasis”   (p.9).

 

En segunda instancia debe mencionarse que existe una acentuada tendencia histórico-estructural que hace gravitar la violación del derecho a la vida, al tema de la violencia social predominantemente urbana, pero también visibilizada y extendida hoy en día en el ámbito rural de América Latina.

No obstante, creemos oportuno señalar en base a fuentes confiables de monitoreo y de nuestras propias razones teóricas y metodológicas, que esta concepción de la violencia es insuficientes y reduccionistas, en la medida que se pretende justificar la escalada de uso de la fuerza letal contra los ciudadanos, acudiendo al viejo expediente del crecimiento urbano y todos sus males o efectos vinculantes. Consideramos, más bien, que el tema de la violencia y la flagrante violación de los derechos humanos, de la justicia, de la razón y de las leyes, tienen mucho que ver con una cultura policial con debilidades estructurales en su formación académica y axiológica. A esto se suma la apología institucional del odio y la violencia, y lo que es más preocupante aún, el desconocimiento en lo pragmático de los llamados mecanismos pacíficos de prevención, mediación, resolución o administración de conflictos y el agotamiento en las actuaciones policiales de recursos y medios proporcionales al amplio espectro de la legalidad.

I Planteamiento del Problema

El concepto y la articulación efectiva de la seguridad ciudadana, deriva de una cosmovisión humanocéntrico que guarda una relación estrecha con las obligaciones del Estado como garantes de los derechos humanos y todas aquellas personas sujetas a su jurisdicción. En esencia, es un tema que va más allá de lo doctrinario y de la mera declaración de principios, pues se arraiga y se concreta en el hecho que las personas tienen y deben tener garantizadodesde una perspectiva legal e institucional el goce pleno de sus derechos humanos.

 

Actualmente, en el caso específico de Venezuela, es notorio el hecho de una escalada alarmante de la violencia social y de todas las secuelas negativas, que afecta a todos los sectores y estratos sociales del país. Desde el año 2014, hemos sido testigos de una agudización de la crisis económica, como consecuencia del deterioro de los precios petroleros a nivel mundial, una extremada polarización política, la descomposición acelerada del tejido industrial de nuestro país, la corrupción administrativa, el manejo ineficiente e ineficaz de las políticas públicas y finalmente las obstinada intención del sector oficialista en pretender, imponer un modelo económico y social rechazado por la mayoría de la población venezolana. Bajo esta panorámica, el fenómeno de laespeculación se ha convertido en un elemento auspiciador del proceso inflacionario que desequilibra el salario real y presiona enormemente la accesibilidad de alimentos, medicina y servicios públicos, especialmente para los sectores más vulnerables de la población nacional. Este círculo se viene desarrollando aceleradamente desde el 2014 y hasta la fecha aún persiste, desencadenando en el país lo que algunos han llamado una “tormenta perfecta” de la economía venezolana. El Banco Central de Venezuela, en este sentido, reportó que la inflación acumulada entre enero y abril de 2019 es de 1.047%, con una caída de las importaciones de 77,5% durante el periodo 2012-2018, mientras que el Producto Interno Bruto (PIB) bajó 47,1% entre el tercer trimestre del año 2015 y el tercer trimestre del año 2018(1). Complementariamente, según proyecciones del Fondo Monetario Internacional (FMI), la inflación estimada para finales de 2018 y principios de 2019 sobrepasa el 1.000.000%.

 

Ahora bien, toda esta realidad que confronta actualmente  la República Bolivariana de Venezuela, de una u otra forma, ha venido afectando el comportamiento del Estado frente al conjunto de garantías y obligaciones inherentes a los derechos humanos, tal como están contemplados, primordialmente en los artículos 55 y 56 de la Carta de Naciones Unidas, y que son de obligatorio cumplimiento para todos los Estados signatarios, entre los cuales se encuentra nuestro país (2).

 

Recientemente, en el marco de esta problemática, recibimos la visita en el país (del 19 al 21 de junio 2019) de Michelle Bachelet, Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), quien pudo constatar “in situ”  lo que su oficina había investigado en informes previos y en diferentes actividades de monitoreos con metodologías y actores ligados al tema: El Estado venezolano ha incurrido a través de diferentes mecanismos y modalidades, presionados por situaciones política internas y de carácter internacional, en serias irregularidades e inobservancia en el cumplimiento del respeto a los derechos humanos. Cada vez es más crítica y son más altos los niveles de represión por parte de la fuerza de seguridad del Estado contra una población que muchas veces es criminalizada y estigmatizada por razones políticas, por su condición económica, de precariedad o sus patrones culturales. Concretamente, según la documentación aportada por la alta comisionada, en Venezuela se produjeron 6.800 ejecuciones extrajudiciales por parte de las fuerzas de seguridad venezolana entre enero del 2018 y mayo del 2019, lo cual la llevó a concluir frente a la opinión pública nacional e internacional que “Los venezolanos merecen una vida mejor y libre de miedo”.

 

En el mismo orden de ideas, Marco Gómez, director de Amnistía Internacional-Venezuela, comentó a los medios de comunicación social, la recurrente apreciación: “Existe en el país actualmente una peligrosa tendencia al uso excesivo de la fuerza y la letalidad como forma de acallar las voces que exigen el respeto de sus derechos y que cada vez se  hacen extensivas en las comunidades populares” (3).

 

Las apreciaciones aportadas por el Observatorio Venezolano de Violencia, corrobora con cifras de esta lamentable situación. Una tasa pronosticada de 81.4 muertes violentas por cada 100.000 habitantes para un total de 23.047 fallecidos, durante el año 2018, ubica al país como la nación más violenta de América Latina (4)

 

 Si descomponemos estas estadísticas, según la misma fuente durante el periodo, 7.523 víctimas están catalogadas como fallecidos por “resistencia a la autoridad” y 5.102 casos por averiguaciones de muerte.

 

Por todo lo expuesto anteriormente, podemos constatar que la violencia se ha extendido  por todo el país. La criminalidad que anteriormente se concentraba en ciudades y estados altamente urbanizados ahora abarca a casi todo el país, incluyendo a los llamados municipios y zonas rurales.

 

El presente informe tiene como ámbito focal al estado Anzoátegui, con una población estimada de 2.103.856 habitantes, situada en la zona nor-oriental de Venezuela, con una composición política-territorial de 21 municipios autónomos y 49 parroquias civiles, teniendo a Barcelona como capital, que es la ciudad más poblada del estado.

 

Su dinámica socio-política con respecto a la violencia y la vulneración de los derechos humanos, no se diferencia mayormente del espectro nacional. También en nuestra entidad federal, se repite con cierta regularidad las acciones extra-judiciales de los cuerpos de seguridad, la muerte de personas a manos de las autoridades policiales o militares, bajo el argumento recurrente de “resistencia a la autoridad”. Igualmente, se siguen perpetrando casos de torturas en centros de reclusión y violaciones graves del derecho al debido proceso, bajo la óptica de la segregación política y la apología del odio como caldo de cultivo de las acciones violentas contra el derecho a la vida y a la libertad ciudadana consagrada en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV), artículos 43 y 44 respectivamente (5).

 

En la presente sección se abordarán la presentación y conocimiento de estos instrumentos tomando en cuenta el amplio espectro de la naturaleza y diversidad del ámbito civil y político y de la integralidad del  “Derecho a la Vida”, así como el “Derecho a la libertad Personal” respectivamente.

Capítulo I
Marco Jurídico

El derecho a la vida y el derecho a la libertad personal están consagrados en los instrumentos internacionales y en los instrumentos nacionales de protección de los derechos humanos. Los siguientes son algunos de estos instrumentos (PROVEA 2005): Declaración Universal de los Derechos Humanos, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), Código de Conducta para Funcionarios encargados de hacer cumplir la ley (CCFEHCL), la Declaración Americana de Derechos Humanos (DADH), la Convención Americana De los Derechos Humanos, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV) y el Código Penal (CP).

 

La mayoría de los instrumentos descritos anteriormente son de obligatorio cumplimiento por el Estado venezolano y en cuanto a los instrumentos internacionales tienen jerarquía constitucional y prevalecen en el orden interno, en la medida que contenga normas sobre sus goces y ejercicios más favorables a las establecidas en la Constitución y a las leyes de la República, y son de aplicación inmediata y directa por los tribunales y demás órganos por el poder público (Artículo 23 CRBV).

 

En la presente sección se abordarán la presentación y conocimiento de estos instrumentos tomando en cuenta el amplio espectro de la naturaleza y diversidad del ámbito civil y político y de la integralidad del  “Derecho a la Vida”, así como el “Derecho a la libertad Personal” respectivamente.

Derecho a la Vida.

El derecho a la vida y el derecho a la libertad personal están consagrados en los instrumentos internacionales de protección de los derechos humanos, que a continuación detallamos: 

 

Declaración Universal de los Derechos Humanos

En vigencia desde 10 de diciembre 1948, cabe destacar que Venezuela es unos de los Países  que participó y votó a favor de este instrumento internacional de protección de los derechos humanos.

 

Artículo 2. ”Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. Además, no se hará distinción alguna fundada en la condición política, jurídica o internacional del país o territorio de cuya jurisdicción dependa una persona, tanto si se trata de un país independiente, como de un territorio bajo administración fiduciaria, no autónoma o sometida a cualquier otra limitación de soberanía”.

 

Artículo 3. “Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona”.

 

Artículo 5. “Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes”.

 

Artículo 9. “Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado”.

 

Artículo 18. “Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión; este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de manifestar su religión o su creencia, individual y colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia”.

 

El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos

Proclamado por la Asamblea General de Naciones Unidas en 1976 y aprobada por ley especial en Venezuela en 1978.

Artículo 6:

1.- “Derecho a la vida es inherente a la persona humana. Este derecho estará protegido por la ley. Nadie podrá ser privado de la vida arbitrariamente”.

Código de Conducta para Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley

Adoptado por la Asamblea General de la O.N.U en su resolución 34/169, de diciembre de 1969.

Artículo 3: “Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley podrán usar la fuerza solo cuando sea estrictamente sea necesario, en la medida que lo requiera el desempeño de sus tareas”.

 

 

Declaración Americana de los Derechos humanos

Adoptado en 1948, Venezuela voto a favor de esta declaración.

Artículo1: “Todo ser humano tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona”.

Convención Americana sobre Derechos Humanos

Conocida como Pacto de San José, proclamada por los Estados de la O.E.A en 1969 y aprobada por Venezuela por ley espacial en 1977.

Artículo 4.  Derecho a la Vida

  1. “Toda persona tiene derecho a que se respete su vida.  Este derecho estará protegido por la ley y, en general, a partir del momento de la concepción.  Nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente”.

 

Artículo 7.  Derecho a la Libertad Personal

  1. “Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad personal”.

 

  1. “Nadie puede ser privado de su libertad física, salvo por las causas y en las condiciones fijadas de antemano por las Constituciones Políticas de los Estados Partes o por las leyes dictadas conforme a ellas”.

 

 

  1. “Nadie puede ser sometido a detención o encarcelamiento arbitrarios”.

 

  1. “Toda persona detenida o retenida debe ser informada de las razones de su detención y notificada, sin demora, del cargo o cargos formulados contra ella”.

 

 

  1. “Toda persona detenida o retenida debe ser llevada, sin demora, ante un juez u otro funcionario autorizado por la ley para ejercer funciones judiciales y tendrá derecho a ser juzgada dentro de un plazo razonable o a ser puesta en libertad, sin perjuicio de que continúe el proceso. Su libertad podrá estar condicionada a garantías que aseguren su comparecencia en el juicio”.

 

Constitución de la República Bolivariana de Venezuela

En vigencia desde el 16 de diciembre de 1999.

Artículo 23. “Los tratados, pactos y convenciones relativos a derechos humanos, suscritos y ratificados por Venezuela, tienen jerarquía constitucional y prevalecen en el orden interno, en la medida en que contengan normas sobre su goce y ejercicio más favorables a las establecidas por esta Constitución y la ley de la República, y son de aplicación inmediata y directa por los tribunales y demás órganos del Poder Público”.

 

Artículo 2. “Venezuela se constituye en un Estado democrático y social de Derecho y de Justicia, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico y de su actuación, la vida, la libertad, la justicia, la igualdad, la solidaridad, la democracia, la responsabilidad social y en general, la preeminencia de los derechos humanos, la ética y el pluralismo político”.

 

Artículo 19. “El Estado garantizará a toda persona, conforme al principio de progresividad y sin discriminación alguna, el goce y ejercicio irrenunciable, indivisible e interdependiente de los derechos humanos. Su respeto y garantía son obligatorios para los órganos del Poder Público de conformidad con la Constitución, los tratados sobre derechos humanos suscritos y ratificados por la República y las leyes que los desarrollen”.

 

Artículo 29. “El Estado estará obligado a investigar y sancionar legalmente los delitos contra los derechos humanos cometidos por sus autoridades. Las acciones para sancionar los delitos de lesa humanidad, violaciones graves a los derechos humanos y los crímenes de guerra son imprescriptibles. Las violaciones de derechos humanos y los delitos de lesa humanidad serán investigados y juzgados por los tribunales ordinarios. Dichos delitos quedan excluidos de los beneficios que puedan conllevar su impunidad, incluidos el indulto y la amnistía”.

Artículo 55. “Toda persona tiene derecho a la protección por parte del Estado a través de los órganos de seguridad ciudadana regulados por ley, frente a situaciones que constituyan amenaza, vulnerabilidad o riesgo para la integridad física de las personas, sus propiedades, el disfrute de sus derechos y el cumplimiento de sus deberes. La participación de los ciudadanos y ciudadanas en los programas destinados a la prevención, seguridad ciudadana y administración de emergencias será regulada por una ley especial. Los cuerpos de seguridad del Estado respetarán la dignidad y los derechos humanos de todas las personas. El uso de armas o sustancias tóxicas por parte del funcionariado policial y de seguridad estará limitado por principios de necesidad, conveniencia, oportunidad y proporcionalidad, conforme a la ley”.

Capítulo II
ASPECTOS CONCEPTUALES

Derechos Humanos: Los derechos humanos son principios de carácter moral y jurídico que protegen la integridad tanto física como psicológica de todo individuo, es decir, por un lado mantienen el poder político dentro de los límites justos, y por otro, obliga al mencionado poder, implementar determinadas acciones que generen una reforma social económicamente justa, entendido como justicia social de las relaciones de convivencia. Los derechos humanos tienen una naturaleza progresiva, porque una vez conquistados nuevos derechos, estos forman parte del patrimonio de la dignidad humana, además son inalienables porque no le pueden ser arrebatados a ninguna persona, intransferibles porque no pueden ser cedidos a otros, universales porque no son exclusivos para personas de alguna región o sector, imprescriptibles, porque no se pierden con el paso del tiempo, irrenunciables porque ninguna persona puede renunciar a ellos, integrales e interdependientes porque todos los derechos humanos están relacionados entre sí y violar cualquiera de ellos es atentar contra todos los derechos humanos.

 

Las ejecuciones extrajudicial: se refiere al acto con el cual, cualquier autoridad priva de la vida a una persona o grupos de personas sin que exista alguna orden judicial que lo ordene (Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos A.C. Pág. 11).

En este sentido la apreciación que tiene PROVEA en relación a los planteamientos de  tratadistas en materia de derecho Internacional de los Derechos Humanos como D.O’Donnell  quien a su vez desarrolla el principio de las Naciones Unidas (ONU) en relación la¨protección contra la privación arbitraria a la vida. El significado que adquiere lo arbitrario tiene la mayor relevancia, por cuanto, es aquí de donde se derivan aplicaciones prácticas y de políticas públicas, el principio de la Arbitrariedad  y su consagración en las legislaciones internas de los Estados nacionales, obliga a los Estados a la protección a la vida en las más variadas circunstancia desde la conveniencia o no de aplicación de la pena de muerte en algunos países  hasta el uso excesivo de fuerza en manifestaciones callejeras.

Capítulo III
MARCO METODOLÓGICO

Para la elaboración del presente informe, la fundación de los derechos humanos del estado Anzoátegui (ONG), y su equipo técnico, fundamenta su análisis e interpretación de los hechos en el monitoreo de la situación de los derechos humanos vulnerados en el estado Anzoátegui, relacionado con presuntas ejecuciones extrajudiciales y la libertad personal por parte de los organismo de seguridad.

 

A tales efectos, se diseñó un esquema de trabajo basado en entrevistas, instrumentos jurídicos y consultas con la participación de familiares y testigos de los hechos, haciendo énfasis en las comunidades donde se registraron mayor incidencia de presuntos abusos contra los ciudadanos. De igual forma se realizaron conversatorios y un cine-foro reflejando los nudos críticos del problema y sus repercusiones socio-políticas. En lo particular el observatorio sobre presuntas ejecuciones extrajudiciales y detenciones arbitrarias consultó varias fuentes a fin de recabar información de forma directa y primaria de víctimas, testigos medio de comunicación impresos y electrónica y las redes sociales, apegados a los criterios y normas de confiabilidad y objetivad exigidos por los organismos internacionales en materia de derechos humanos.

 

Es importante destacar, que el informe es una investigación mixta, donde se combina desde una perspectiva, analítica, el diseño documental bibliográfico con la exploración de campo propiamente dicha. El estudio se corresponde con un nivel indagatorio de carácter descriptivo y se sustenta en la fase de observación, técnicas de recolección, procesamiento de análisis de datos, así como también aspectos de tipo administrativo. Los datos e informaciones obtenidas se enfocaron de forma ordenada en gráficas, con el objeto de establecer los respectivos análisis cualitativos.

 

Por último, debemos enfatizar la persistencia de factores que dificultan el acceso a fuentes oficiales y de información que no tienen divulgación pública en torno a la gestión de los cuerpos de seguridad del Estado. Esta debilidad institucional dificulta y entraba la visibilidad de la situación general de los derechos humanos en casi todo el país, donde el estado Anzoátegui, no queda exceptuado. Sin embargo, los instrumentos y estrategias aplicadas por el observatorio sobre presuntas ejecuciones extrajudiciales y detenciones arbitrarias de la fundación de los derechos humanos, permiten disponer de forma concomitante el flujo de información relevante y confiable.

Capítulo IV
Análisis Matricial: Estadísticas, Cuadro de Presuntas Ejecuciones Extrajudiciales y Detenciones Arbitrarias.

Aspectos Generales:

La información presentada en el periodo analizado: Enero-junio del año 2019. Registra 160 casos de presuntas ejecuciones extrajudiciales y 02 casos al derecho a la libertad personal.

Estas cifras demuestran que se mantiene la política de represión policial en el estado Anzoátegui, evidenciada en los informes anteriores al presente, es decir los informes 2017 y 2018. La narrativa de los jefes y representantes de los organismos policiales, está fundamentada en la versión de “Resistencia a la Autoridad”.

 

Con respecto a las características de las victimas predominan: hombres jóvenes, habitantes de sectores socioeconómicamente de escasos recursos económicos, lo que indica que la actuación de los cuerpos de seguridad, tiende a criminalizar la condición social de la población venezolana.

 

El sector más vulnerado fue el de los hombres (100%): con edades comprendidas entre los 15 y 30 años (76.25%), del total de las víctimas: 11.8% se encuentran en el grupo etario de 31 y 35 años de edad. El resto corresponde a 19 personas con más de 35 años de edad. Cabe resaltar que el número de adolescentes fallecidos durante el periodo en estudio, se incrementó pasando de una persona fallecida en el año 2018, a ocho (08) personas en el año 2019. 

El observatorio sobre presuntas Ejecuciones Extrajudiciales y vulneración al derecho a la libertad personal, atendió directamente siete (07) casos de presuntas ejecuciones extrajudiciales presentados en el municipio Simón Bolívar. Además atendió 02 casos de privación ilegítima de libertad. Tanto en los casos de ejecuciones extrajudiciales como de vulneración al derecho a la libertad personal, el equipo coordinador, documentó y sistematizó ambos derechos que fundamentan la investigación.

 

Cuadro N° 1. Cuerpos de seguridad responsables de la vulneración al derecho a la vida

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Fuente: Fundación de los Derechos Humanos del Estado Anzoátegui.

Grafico 1.
  • Policía del Estado (Polianzoátegui)
  • Policía Municipio Sotillo
  • Policía Municipio Simón Rodríguez
  • Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (CICPC)
  • Policía Municipio Simón Bolívar
  • Policía Municipio Freites
  • Policía Municipio Guanta
  • Policía Nacional Bolivariana
  • Guardia Nacional Bolivariana
  • Policía Municipio Miranda
  • Policía Municipio San José de Guanipa
  • Policía Municipio Peñalver
  • Policía Municipio Anaco
  • Fuerza de Acciones Especiales (FAES-PNB)
  • Ejercito
  • Comisión Mixta (CICPC-Policía estadal-PNB y Policía municipales)

La vulneración del derecho a la vida en Venezuela, es un fenómeno recurrente que obedece a una multiplicidad de factores entre los cuales podemos mencionar: La ausencia de investigaciones serias y diligentes por parte del ministerio público, organismos que de acuerdo a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y el Código Orgánico Procesal Penal, ejerce el monopolio de la acción penal; la deficiencia en formación en derechos humanos de los funcionarios policiales y militares, el discurso oficial, que estimula la mala praxis policial, que se concreta en la palabras el propio presidente Nicolás Maduro, quien en el acto de graduación de los 2000 funcionarios policiales, celebrado el día 17 de julio el año 2019 en la ciudad de Caracas, señaló la siguiente: “Todo el apoyo para el FAES en su labor diaria de darle seguridad al pueblo de Venezuela, que viva el FAES”(6). la falta de mecanismos de control al interior de los cuerpos de seguridad y por último la presión ejercida por la opinión pública que avala las acciones policiales y militares apartadas de la legalidad.

 

En el presente periodo (enero-junio 2019), la policía estadal y el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (C.I.C.P.C.), encabezan el listado con el mayor número de presuntas ejecuciones extrajudiciales, cada uno con 40 casos, que representan el 50% del total de los casos presentados en la matriz del observatorio. Luego le sigue las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES), organismo adscrito a la Policía Nacional Bolivariana (PNB),  con 18 casos, lo que representa un 11.25%. En relación con las policías municipales: la policía municipal de Simón Rodríguez, presenta 09 casos, porcentualmente, un 5.62%. La policía del municipio Anaco 20 casos para un porcentaje 4.37%. La policía del municipio Simón Bolívar, con 06 casos, equivalente a 3.75%. Luego le siguen las policías municipales: Pedro María Freites, Juan Antonio Sotillo, San José de Guanipa, con 05 casos, para un

 

3.12%. La policía del municipio Guanta presenta 04 casos, para un 2.5% y las policías de los municipios: Francisco de Miranda y Peñalver con un caso cada uno, para un 0.62%. Finalmente la Policía Nacional Bolivariana, aparece con 04 casos, para un 2.5%, la Guardia Nacional Bolivariana con 07 casos para un 4.37%, El Ejercito con un caso para un 0.62% y  con comisión mixta, integrada por el C.I.C.P.C, Policía estadal, PNB y Policías municipales, con 07 casos, lo que representa 4.37%

 

Número de víctimas por municipio

Informe  Completo 2017

Informe  Completo 2019