Hay alcaldes que están incurriendo a privaciones ilegítimas de la libertad

El director institucional de la fundación de los Derechos Humanos Anzoátegui, Alcides Magallanes, informó que investigará abuso de poder cometido por parte de algunos gobiernos locales, como es el caso del municipio Simón Bolívar


 El Decreto N° 4.160 referente al estado de alarma por Covid 19, donde el gobierno nacional ordena el cumplimiento de esta normativa al Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, no establece privación de libertad a quienes incumplan alguna de las medidas.

 
Así lo informó Alcides Magallanes, director institucional de la Fundación de los Derechos Humanos (FDDHHANZ), quien denunció las actuaciones arbitrarias de algunos alcaldes del país al ejercer detenciones que luego son presentadas al Ministerio Público como desacato a la autoridad.


«Nuestra fundación investigará estos abusos de poder por parte de gobiernos locales, puesto que hay alcaldes que están incurriendo a privaciones ilegítimas de la libertad, como es el caso del municipio Simón Bolívar del estado Anzoátegui, Luis Marcano, quien involucra a funcionarios de Polibolívar a perpetrar detenciones arbitrarias», destacó.


Magallanes dejó claro la importancia de adoptar medidas excepcionales y de emergencia en medio de la pandemia, sin embargo, no da pie para ejercer comportamientos autoritarios que vulneran los derechos humanos de la población.


«El enfoque debe empezar por la capacitación a los funcionarios policiales en orientar in situs a la ciudadanía sobre la importancia de evitar la propagación del virus y resguardar a sus familiares», enfatizó.


Mencionó que la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos (ACNUDH) presentó un manual para orientar a los gobiernos sobre cómo aplicar las medidas de emergencia respetando los derechos humanos.

«Estos actos son nulos como lo establece el artículo 25 de la Constitución Nacional, ya que menoscaban y violan derechos garantizados por la Carta Magna. Lamentablemente los policías siguen arremetiendo contra sectores sociales vulnerables», manifestó.

Aprovechó para hacer un llamado al antiguo defensor de los derechos
humanos y hoy fiscal general de la República. Tarek W. Saab, a fin de que
prohíba a los fiscales del Ministerio Público a judicializar a personas detenidas por supuestamente violar la cuarentena.


«La lucha contra la inseguridad de los cuerpos policiales sigue teniendo un
patrón clasista. Solo se persigue a la gente de los barrios y urbanizaciones
pobres de Venezuela», concluyó el activista de derechos humanos.

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