El lunes (14 de diciembre de 2020), la fiscal de la CPI, Fatou Bensouda, presentó su reporte anual sobre actividades de examen preliminar. Estas actividades incluyen el caso Venezuela I, un examen preliminar iniciado en 2018 que se enfoca en los presuntos delitos cometidos en el contexto de disturbios políticos desde al menos 2017.
Bensouda ratificó lo dicho en una publicación en noviembre de que se determinó que hay “fundamentos razonable para creer que se cometieron crímenes de competencia de la Corte en Venezuela”. Es decir, concluye la segunda fase del examen, relacionada a la jurisdicción de las denuncias.
Marianna Romero, abogada y defensora de DD.HH., explicó a la Voz de América que estos exámenes preliminares constan de cuatro fases y Venezuela estaría entonces entrando a la tercera fase, relacionada a la complementariedad, en la que se verificará si las autoridades del país están desarrollando o desarrollaron algún tipo de procedimiento para investigar y sancionar estos crímenes, considerando incluso la cadena de mando.
En esta fase también se estudia la gravedad de la naturaleza de los crímenes, apuntó Romero.
La también directora de la ONG Centro para los Defensores y la Justicia comentó que en el resumen, la fiscalía de la CPI detalla que está analizando crímenes de lesa humanidad como tortura, violación y otras forma de violencia sexual, persecución de grupo o colectividad y temas relacionados con la excarcelación.
Destacó que la Fiscalía incluso ya empezó a hablar de responsabilidades de miembros de fuerzas de seguridad como la Policía Nacional Bolivariana (PNB) o la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) e incluso de “individuos civiles que apoyan al gobierno”.
“Hay que seguir avanzando para dar pie a la culminación de estas dos fases que faltan y que finalmente la fiscalía abra una investigación formal ante la Corte Penal Internacional por estos crímenes que han sido cometidos”, señala Romero.
La defensora expone que una vez finalizado el examen, y si se decide proseguir, la corte abre un procedimiento formal para “investigar, juzgar y sancionar a los responsables y poder proveer entonces reparación efectiva a las víctimas de los crimenes de lesa humanidad”.
