En 80 días han muerto 39 personas en presuntas ejecuciones extrajudiciales en Anzoátegui

La Fundación de los Derechos Humanos del estado Anzoátegui (FDDHHANZ) contabilizó la muerte de 39 personas en presuntas ejecuciones extrajudiciales cargo de los cuerpos policiales, entre el 1 de noviembre de 2019 y el 20 de enero del presente año, cifra que de por sí es alarmante y debe ser objeto de investigación tanto de la Fiscalía General de la República, como de la Defensoría del Pueblo.


El abogado y director institucional de la mencionada organización, Alcides Magallanes, refirió que los fallecidos vivían en sectores pobres de la población, con características físicas de piel mestiza, además eran jóvenes en edades comprendidas entre 18 y 30 años.


Destacó el activista de derechos humanos que esta acción policial confirma la orientación clasista que tienen los cuerpos de seguridad, al pretender acabar con el fenómeno delictivo matando a los supuestos delincuentes sin observar las causas del fenómeno delincuencial.


Detalló que en estos 80 días, el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) se involucró en 13 hechos catalogados como presuntos enfrentamientos, 09 la Policía del Estado Anzoátegui (Polianzoátegui), 06 las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) y 03 la Policía Nacional Bolivariana (PNB), los otros casos corresponden a la Policía Municipal de Simón Rodríguez (03), Policía Municipal de Anaco (03), Policía Municipal de Freites (01) y la Policía Municipal de Peñalver (1).


“El reporte de nuestro observatorio indica que en esta acción de pretender combatir la delincuencia inobservando los derechos humanos están involucradas hasta las policías de carácter administrativo, como las municipales y organismos donde convergen varias fuerzas de seguridad como es el caso de las FAES”, afirmó.


Finalmente, Magallanes hizo un llamado enérgico a los representantes del Poder Ciudadanos en el estado, específicamente la Fiscal Superior Maribel Ávila y a Rafael Vega, Defensor del Pueblo, para que cumplan con sus atribuciones constitucionales y legales y se aboque a investigar los casos a objetos de evitar los mecanismos de impunidad que se activan a la hora de procesar a funcionarios policiales.

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