Denuncian presunta venta irregular de vivienda en Clarines por parte del Registro Inmobiliario

Familiares denunciaron la situación ante la Defensoría del Pueblo y la Fiscalía Anticorrupción

Parte del terreno de una vivienda familiar ubicada en Clarines, estado Anzoátegui, fue presuntamente vendido de forma irregular, sin importar que está habitada y que existe un documento de propiedad que data del año 93. Así lo denunció el abogado Nalliver Rojas ante el director de la Fundación de Derechos Humanos de Anzoátegui (FDDHHANZ), Alcides Magallanes, a quién le recalcó que tienen al menos 3 meses luchando para que no invadan la casa de su abuela paterna.

El abogado relató que de forma muy sospechosa, quién alega ser el dueño del lugar, también tiene otro documento de propiedad, del que presume, está forjado. Aseguró que existen probabilidades de un presunto tráfico de influencias, ya que el señor es familiar de la registradora suplente y también de la transcriptora del Registro Inmobiliario.

A la vez precisó, que tras de todo esto existe un posible negocio turbio con el director de Catastro, el síndico municipal y el registrador inmobiliario. «Tras una serie de problemas asistimos al Registro Inmobiliario y descubrimos que el registrador inmobiliario había certificado una venta con fecha del 14 de septiembre de 2021. En las medidas que hicieron vendieron el patio de nuestra casa».

El abogado relató que en días pasados, mientras no había nadie en la vivienda, abrieron un hueco en el fondo de la casa, con presencia del director de Catastro, y que al ser descubiertos los responsables, huyeron. Semanas después, sus hermanas llegaron a la vivienda y encontraron a obreros construyendo. Agregó que también les cortaron el suministro de agua potable y vaciaron cemento en la taquilla de HidroCaribe.

Rojas recalcó que esperan justicia tras las denuncias realizadas ante la Fiscalía contra la Corrupción y la Defensoría del Pueblo. Indicó que el hecho también será denunciado ante la Oficina de la Alta Comisionada para los DDHH de la ONU en Caracas, debido a que están frente a una situación en la cual funcionarios estarían actuando de manera irregular y atentando contra el derecho a la propiedad y el derecho a la vivienda.

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