Denuncian abuso de poder ante la Fundación de los DDHH Anzoátegui

Familiares de Wilibaldo Morales, Eduardo León e Israel Almeida, delegados de prevención del Complejo Petrolero y Petroquímico José Antonio Anzóátegui, denunciaron ante la Fundación de Los Derechos Humanos Anzoátegui, presunto abuso de poder por parte del Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro (Conas), organismo militar que los detuvo  el pasado 17 de julio, que luego los puso a la orden de la Fiscalía 6ta del Ministerio Público y cuatro días después fueron presentados ante Tribunal en funciones de Control n°1.

Así lo informó el abogado Alcides Magallanes, coordinador general de la referida Organización No Gubernamental, quien destacó que de acuerdo a la denuncia presentada por los familiares de los detenidos, funcionarios del Conas vestidos de color negro, sin identificación y armados se presentaron en la vivienda de Wilibaldo Morales, ubicada en la residencia Villas Olímpicas de la ciudad de Barcelona, procediendo a detenerlo y además se llevaron documentos personales, computadoras, ropa, objetos de valor, teléfonos, un vehículo, una moto, entre otros.

Resaltó Magallanes que esta acción del organismo militar viola el artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela que establece los principios de presunción de inocencia y el debido proceso porque los trabajadores nunca fueron notificados que contra ellos la Fiscalía del Ministerio Público había ordenado una investigación penal.

Para el defensor de los derechos humanos, se trata de un nuevo caso de abuso de poder donde presuntamente estaría involucrado el ciudadano Alejandro Enrique Armas Cordero, gerente de DSI en la petrolera  Sinovensa, quien en un acto de retaliación contra varios trabajadores de la referida empresa, los señalan de estar involucrados en delitos de extorsión, daño a la industria petrolera, asociación para delinquir y legitimación de capitales.

Antes esta situación, el abogado Alcides Magallanes en coordinación con los familiares de los detenidos, llevarán el caso ante instancias nacionales como la Defensoría del Pueblo, Fiscalía General de la República,  además de presentarlo ante Amnistía Internacional y otras organizaciones defensoras de los derechos humanos, como Provea.

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